¿SERVIDORES PÚBLICOS O PRIVADOS? UNA TRAICIÓN MÁS DE LA SCJN.

Quien supuestamente tiene en México la misión de impartir justicia y vigilar que no se viole nuestra Constitución, volvió a traicionarnos. El día de ayer se publicó en los principales diarios que la SCJN avaló la extinción de Luz y Fuerza del Centro, es decir, consintió que más de 40 mil trabajadores fueran lanzados a las calles de la forma más autoritaria posible, advirtiéndonos una vez más que en México cada vez hay menos justicia y cada vez menos autoridades para impartirla. Cada vez menos autoridades y cada vez más autoritarismo.

Sobre la gravedad (entre muchas otras) de esta nueva traición, es muy importante lo que opina una de las pocas voces respetables de la iglesia católica, Raúl Vera (obispo de Saltillo) en unas entrevistas de los periodistas Víctor Ballinas, Alma E. Muñoz, Gabriel León y Angélica Enciso y que lo publicó ayer el diario "La Jornada":

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El obispo de Saltillo, Raúl Vera, dijo que se sienta un mal precedente jurídico en el país, porque hace de la figura presidencial un monstruo, pues se le confieren facultades para extinguir cualquier empresa del Estado sin contemplar a la Constitución ni consultar al Congreso. Ahora no sabemos cuándo las universidades privadas convencerán al jefe del Ejecutivo de que extinga a la UNAM, porque van a poder tener más negocio, o los hospitales particulares hagan lo mismo para la venta de instituciones como el IMSS o el ISSSTE. Lo que hizo la Corte es grave porque cada día nos quedamos más desvalidos, afirmó.

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En realidad, esto que comenta el obispo (en cierta medida) ya ha estado sucediendo, por que ¿no hemos oído ya opiniones en este sentido? ¿no hemos visto que cada vez surgen más instituciones educativas privadas de muy mala calidad, en lugar de fortalecer y hacer crecer las de carácter público? ¿no hemos sido testigos de cada vez más servicios subrogados por parte del ISSSTE o del IMSS, en lugar de equipar mejor a las clínicas y hospitales para que dieran un mejor servicio? ¿no nos están empujando cada vez más a depender de servicios privados y menos de los públicos?

Un mal gobierno (y el nuestro es el peor) no se preocupa por mejorar o hacer eficientes y eficaces los servicios públicos. No se preocupa por las instituciones educativas, de salud o sociales en general, sino que hipócritamente habla de ineficiencias o corrupciones sin que se demuestre o se haga un análisis. De lo que se trata, es de privatizar todo lo que se pueda, siempre y cuando sea un buen negocio.

Continuando con la SCJN, mientras los nombramientos de los ministros siga siendo facultad exclusiva del ejecutivo (con la complicidad de los dirigentes de los partidos políticos), estos seguirán siendo sus empleados. Más que servidores públicos, son servidores privados al servicio del capital y no del pueblo. Para tratar de tener un poco más de conciencia sobre todo esto, es importante e interesante también la Editorial de ayer del diario "La Jornada", la cual (con dos caricaturas de Rocha y Helguera de "La Jornada" de hoy) me permití subir al Blog, esperando que les sea de interés y utilidad. Como siempre, un saludo con aprecio para todos. Atentamente: EAJM.

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SCJN: miserias de un fallo

Ayer, en forma unánime, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron considerar constitucional y legal el decreto emitido en octubre del año pasado por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, por medio del cual se extinguió el organismo paraestatal Luz y Fuerza del Centro. El fallo legitimó asimismo el despido súbito de más de 44 mil electricistas, desmintió que el decreto referido tuviera como propósito desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y determinó que ambas medidas estuvieron adecuadamente fundamentadas.

La determinación y sus implicaciones son preocupantes por diversos motivos. En primer término, el fallo cierra las puertas institucionales a la lucha de un organismo sindical histórico, afectado por una decisión de gobierno que trasciende, con mucho, el mero ámbito administrativo y laboral, y que ha derivado en una confrontación de implicaciones políticas y sociales inocultables que no va a desvanecerse con la mera declaratoria de legalidad emitida por la SCJN para el decreto calderonista.

Se abona, así, a la ingobernabilidad, en un contexto de por sí caracterizado por la creciente irritación social y la circunstancia de catástrofe en la seguridad pública y la vigencia de las leyes.

Por desgracia, la actuación de ayer del máximo tribunal del país es consistente con una historia de fallos contrarios, salvo excepciones, a trabajadores, consumidores y ciudadanos, y favorables, en lo general, a patrones, empresarios y gobernantes, y de supeditación real, al margen del principio de división de poderes, al Poder Ejecutivo. El Judicial tiene, en esta medida, una cuota de responsabilidad por el ahondamiento de la desigualdad, la antidemocracia y la impunidad en el país, y como correlato, la institución ha erosionado su propia credibilidad e incrementado su distancia con respecto a los ciudadanos comunes.

En cuanto al fallo en sí mismo, llama la atención que el máximo tribunal del país considere suficientemente justificada una decisión vergonzante, cuyos fundamentos fueron ocultados a la opinión pública, con el argumento de que darlos a conocer podría provocar brotes de descontento social; es cuestionable, asimismo, que la SJCN desdeñara el contexto en que ocurrió el despido terminante –una abierta embestida del gobierno calderonista contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– y concluya que no se afectaron los derechos laborales ni sindicales de los quejosos en la medida en que el gobierno federal les concedió las indemnizaciones estipuladas por la ley.

En otro sentido, la resolución comentada sienta un precedente para que, en lo sucesivo, cualquiera que ocupe la titularidad del Ejecutivo federal pueda desaparecer a discreción cualquier entidad paraestatal, lo que abre una perspectiva alarmante para el futuro de la propiedad pública –la que queda– en el país.

En suma, la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue legalizada por la SCJN, pero ello no contrarresta la percepción de amplios sectores de que la medida fue una injusticia contra los trabajadores, que conllevó un daño grave a la propiedad pública y que buscaba generar oportunidades de negocio a sectores del capital privado cercanos al poder. Tampoco contribuye a disipar el conflicto político y laboral entre el gobierno federal y el SME. Antes, al contrario, lo exacerbará.